Las compañías de gas nos deben más que promesas de seguridad
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Puntos clave
- La NTSB encontró que Atmos detectó las fugas de Jackson al menos ocho semanas antes de las explosiones de 2024.
- Las reglas federales establecen que el uso del sistema 811 no exime a un operador de gas de sus obligaciones de prevención de daños.
- La ley federal de seguridad de tuberías mantiene la responsabilidad civil, por lo que la regulación no sustituye una demanda.
Este es un artículo de opinión que ofrece análisis y comentarios sobre temas actuales del derecho de lesiones personales. Aunque se incluyen fuentes para respaldar lo afirmado, las opiniones no deben interpretarse como hechos, pruebas ni argumentos a favor o en contra de ninguna ley en particular. Esto no es asesoría legal.
Si tu compañía opera líneas de gas bajo los hogares de las personas, tienes la responsabilidad de darles tranquilidad comprobando que controlas el riesgo. Esa tranquilidad solo es real con transparencia y rendición de cuentas.
Nadie en Oak Cliff puede excavar la tubería principal de East Ninth Street para inspeccionarla. Eso requiere permisos, licencias y la aprobación de muchas autoridades. Por eso, confiamos en los registros de la empresa, lo que dicen los reguladores y la información que la compañía nos proporciona.
Ese sistema solo funciona si alguien independiente puede revisar el trabajo.
El 28 de mayo hubo una explosión en los apartamentos The Clyde, en Oak Cliff. El informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) indica tres personas fallecidas y al menos seis heridas.
The Dallas Morning News informó que este mes una jueza del condado de Dallas ordenó a Atmos Energy entregar los registros de daños previos a sus líneas. Las familias de las víctimas, que demandaron a la empresa, los pidieron.
Atmos niega haber hecho algo mal y ningún tribunal ha determinado quién es responsable. El caso sigue abierto. Pero la pelea por esos registros plantea una pregunta más grande que una sola demanda: cuando una empresa opera infraestructura capaz de derribar un edificio, ¿cómo sabe el público que controla el riesgo?
Detectar una fuga no es lo mismo que repararla
Una investigación federal ya concluida da una respuesta. En enero de 2024, dos casas explotaron en Jackson, Mississippi, a pocos días de diferencia. Murió una mujer.
La NTSB encontró que Atmos había detectado las fugas al menos ocho semanas antes, las había clasificado como no peligrosas y no las había reparado.
Las conexiones antiguas de las tuberías formaron parte del problema. Los investigadores también encontraron que Atmos no contaba con procedimientos adecuados para volver a revisar las fugas conocidas en suelos de arcilla que se desplazan. Por eso esas fugas empeoraron con el tiempo.
El informe final va todavía más lejos. La investigación de la NTSB concluyó que Atmos usaba procedimientos de monitoreo de fugas más estrictos en Kansas que en Mississippi. Según el informe, esos requisitos podrían haber evitado las explosiones en Mississippi.
Las lecciones aprendidas en un estado no se compartían con los demás. Las mejores prácticas ya existían dentro de la empresa, pero no se aplicaban en todos los mercados.
Atmos les dijo a los investigadores que desde entonces reparó 2,206 fugas en Jackson, identificadas entre enero de 2024 y abril de 2025. Bien. Un sistema de seguridad debe convertir la experiencia en acción.
La pregunta es si lo hace en toda la empresa o solo en el estado donde se aprendió la lección.
Nada de esto nos dice qué causó la explosión de The Clyde. Pero sí muestra por qué el público necesita saber si las lecciones aprendidas en Jackson realmente se aplicaron aquí en Dallas.
Cómo es la transparencia real en las compañías de gas
A las compañías de gas les gusta hablar de su cultura de seguridad. Es bueno para la imagen de la empresa y da tranquilidad a los clientes. Pero la NTSB ya redactó algo más útil.
Después de lo de Jackson, recomendó que Atmos publicara calendarios y metas para reemplazar las conexiones vulnerables de sus tuberías y cerrar las brechas en sus registros de líneas de servicio.
Son recomendaciones, no órdenes judiciales. Aun así, aplicadas a cualquier compañía de gas, establecen el estándar adecuado, que consta de cuatro puntos clave:
- Nombrar los riesgos importantes y a quiénes afectan.
- Decir qué trabajos de corrección están planeados y cuándo se terminarán.
- Reportar lo que ya se terminó y se verificó de forma independiente.
- Explicar cada fecha límite que no se cumplió y cada hallazgo pendiente.
Las líneas mal marcadas están en el centro del caso de Oak Cliff, por eso, para el norte de Texas, yo sumaría un punto más: precisión al ubicar las líneas. ¿Qué tan seguido se marcan mal y qué se hace al respecto?
Después de Jackson, la Administración de Seguridad de Tuberías y Materiales Peligrosos (PHMSA) también inició una evaluación de Atmos en varios estados. En mayo de 2024, un subadministrador le dijo al Congreso que la agencia esperaba compartir los resultados con el público.
Desde entonces, The Dallas Morning News ha informado que no ha salido ningún reporte. Ahora PHMSA dice que la revisión empezó con un análisis preliminar de datos sin verificar que vuelve a revisar.
Atmos cuestiona las estadísticas que PHMSA usó para justificar la revisión y afirma que ningún regulador estatal encontró una violación. Está bien. Entonces que publiquen el alcance, los datos corregidos y los hallazgos.
Si los números estaban mal, ¿por qué no mostrar los correctos? Hoy el público no ha visto ni una página de esa revisión. Nadie fuera de la agencia y de la empresa puede saber si las preocupaciones eran reales o si ya se resolvieron.
Y “el público” no son solo las personas que pagan el recibo del gas. En Avondale, Louisiana, una explosión en 2024 mató a una persona en una casa que no tenía servicio de gas natural. El gas de una tubería principal de Atmos que se fracturó viajó bajo tierra y entró a la casa.
Los inquilinos, los vecinos y los trabajadores viven cerca del peligro, tengan o no una cuenta con la compañía. Las advertencias también deben llegarles a ellos.
Los registros también son equipo de seguridad
La rendición de cuentas también necesita consecuencias que se puedan exigir legalmente. San Bruno muestra cómo se ve eso.
En 2010, una tubería de transmisión de Pacific Gas and Electric Company (PG&E) se rompió en un vecindario de California y mató a ocho personas. Los investigadores federales culparon al programa de manejo de integridad de la empresa.
Años después, un jurado federal declaró culpable a PG&E de cinco violaciones intencionales de seguridad de tuberías y de obstruir la investigación de la NTSB. La sentencia incluyó una multa de $3 millones, cinco años de libertad condicional, un supervisor independiente y la orden de dar a conocer sus delitos.
El supervisor y el aviso público pesaron más que la multa, porque pusieron la conducta de la empresa bajo la vigilancia de un tribunal.
Las condenas de PG&E no dicen nada sobre Atmos. Oponerse a una solicitud en el descubrimiento de pruebas no es obstrucción: las empresas lo hacen todos los días, y los jueces lo resuelven.
San Bruno es relevante aquí porque demuestra que tener registros precisos es una obligación de seguridad que la ley puede hacer cumplir.
Contratar a quien marque las líneas no transfiere la responsabilidad
Eso nos regresa a Oak Cliff. El descubrimiento de pruebas es la etapa de una demanda en la que cada parte obtiene de la otra las pruebas relevantes, bajo la supervisión de un juez. Para familias como estas, muchas veces es la única forma de acceder a registros que solo la empresa tiene.
En este caso, las familias querían saber si las fallas al marcar las líneas seguían un patrón. Según The Dallas Morning News, pidieron los registros de todas las líneas de Atmos mal marcadas que se dañaron entre enero de 2024 y el 1 de julio de 2026. La cifra citada fue de 2,965 en la división Mid-Tex de Atmos.
Atmos se opuso. Dijo que la solicitud era demasiado amplia, una carga excesiva e irrelevante para la única línea de The Clyde, y citó cartas de la NTSB que limitan lo que puede divulgarse.
La jueza no quedó convencida. A su juicio, tantas líneas mal marcadas hacían todavía más importante entregar esos registros.
La postura pública de Atmos es que un contratista de perforación externo dañó la línea y que la empresa había contratado a una compañía profesional de localización para marcarla. Tal vez así pasó.
Pero las reglas federales exigen que cada operador de gas tenga su propio programa escrito de prevención de daños. Ese programa incluye marcar temporalmente las líneas enterradas antes de que empiece cualquier excavación. Las mismas reglas dicen que participar en el sistema 811 no libera al operador de su responsabilidad de cumplir.
Como yo lo veo, una compañía de gas puede contratar a alguien para marcar las líneas, pero la responsabilidad sigue siendo de la empresa.
Si la falla en The Clyde fue de Atmos, de su contratista de localización o de alguien más, las pruebas tienen que decidirlo. Por eso las pruebas tienen que salir a la luz.
Una familia que busca respuestas merece revisar el expediente de forma justa, aunque la empresa que lo tiene niegue su responsabilidad.
La ley federal deja espacio para eso. La ley de seguridad de tuberías mantiene la responsabilidad civil en lugar de reemplazarla con regulación. Los reguladores investigan qué salió mal, y los tribunales deciden quién paga por el daño.
Las partes de una demanda no tienen acceso ilimitado, y eso es justo. Los tribunales pueden sellar el material sensible y limitar quién lo ve. Lo que no deberían hacer es dejar esa decisión en manos de la empresa que está bajo examen.
En qué tienen razón las compañías de gas
Las compañías de gas dirán que reportan muchos datos, que invierten mucho en modernización y que encuentran más fugas porque la detección mejora cada año. Todo eso puede ser cierto.
PHMSA publica datos de los operadores cada año, y Atmos describe sus programas de seguridad con detalle. Un número creciente de fugas, por sí solo, no comprueba nada.
También dirán que cierta información debe mantenerse confidencial durante una investigación. También tienen razón. Las reglas federales limitan lo que las partes pueden divulgar mientras una investigación de la NTSB permanece abierta.
Pero el público necesita los números que le dan sentido a una cifra de fugas: qué tan graves son, qué tan rápido se reparan, cuántas fallas se repiten y la prueba de que las reparaciones aguantaron. Cuando haya que retener detalles, que digan qué se retiene, con qué autoridad y hasta cuándo.
Yo le exigiría tres compromisos a cualquier compañía de gas:
- Explicar los riesgos que afectan a la comunidad.
- Demostrar que las reparaciones se realizaron y funcionan.
- Aceptar la responsabilidad legal cuando se compruebe una falla y el daño que causó.
Tener un peligro debajo de las casas de la gente crea esas obligaciones. Las familias no deberían tener que esperar a que un regulador las haga cumplir.
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